LAS HONDURAS DE LA DEMOCRACIA

El todavía ex presidente de Honduras, Manuel “Mel” Zelaya, quiso convocar el pasado 28 de junio a una consulta popular no vinculante -suerte de encuesta- para que la ciudadanía se expidiera sobre algo que está expresamente prohibido en la constitución: la posibilidad de una convocar una eventual Asamblea Constituyente mediante una consulta popular vinculante. La asonada militar resultante es considerada legal por quienes la realizaron e ilegal por su principal víctima y por cuanta organización internacional agrupada en sigla existe.

“¿Para qué consultar de esta manera sobre lo que no se puede consultar de esta manera?” parece haber sido el interrogante en las cabezas de los miembros de gran parte de la sociedad hondureña; parte que incluye a la Corte Suprema, el unicameral Congreso de la República, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, el propio partido Liberal de Zelaya y las Fuerzas Armadas, por supuesto. La respuesta al mismo de éstas últimas lo envió en pijama a Costa Rica, según instrucciones de la Corte Suprema. Y no se puede decir que no haya sido advertido de las consecuencias de proseguir por ese camino.

 La disputa sobre el carácter de jure o de facto del evento me pone a pensar en la democracia misma y sus honduras. Este nunca estático concepto parece estar marcado en su versión moderna por una disociación entre sus componentes democráticos y sus componentes liberales, mediados por la tensionada representación. El hacer legitimar el sistema de dominación mediante la aprobación institucionalizada y continuamente renovada del pueblo tensiona la institucionalidad vigente con las libertades y derechos de los sujetos individuales y nominalmente iguales que componen “el pueblo soberano”, y que no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes.

 La condena internacional es unánime y enorme. No excluye siquiera a los Estados Unidos (aunque los gatafloristas ya le encontraron culpas. Mal si hace, mal si no hace). El paso de una democracia representativa a una -previsiblemente- con un mayor componente participativo y con posibilidad de reelección no se tomó a ligera, máxime si se lo hace de manera inconstitucional y bajo el auspicio de Chávez y su equiparación entre votación a su favor, democracia y “voluntad popular”. El presidente interino hasta noviembre y jefe del Partido Liberal, Roberto Micheletti, asegura que Zelaya “nunca va a retornar al poder”.

 No hay hermenéutica o exégesis posible que excuse a Zelaya, la constitución prohíbe su modificación mediante el llamado a una consulta popular: es institucionalmente improcedente y violatorio del estado de derecho. Sólo parece excusarlo su filochavismo; tan proclive a la reelección indefinida, la concentración de poder y a la arbitrariedad, como a la falta de vigilancia, garantías, separación de poderes, accountability y checks and balances a que nos tiene acostumbrados el modelo del caudillo caribeño. Aún así, no deja de llamarme la atención el hecho de que las fuerzas armadas se encaramaron en la paradójica situación de violar la constitución para salvarla. O eso parece.

 En fin, democracy is a discussion.